En lo que respecta al comercio internacional, el presidente electo Donald Trump se ha posicionado sistemáticamente como partidario de los aranceles. Durante su mandato (2016-2020), y en sus campañas políticas en curso, ha criticado lo que considera un trato injusto de Estados Unidos en el comercio mundial. Su administración impuso importantes aranceles a las importaciones procedentes de China e incluso de aliados de Estados Unidos. De cara al futuro, Trump ha planteado la idea de imponer amplios aranceles a todo el comercio exterior, que oscilarían entre el 10% y el 20%, y ha sugerido aumentar los aranceles sobre todos los productos chinos hasta el 60%.
Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre cómo se desarrollarían estos planes en la práctica.
Un resultado claro del primer mandato de Trump fue un cambio en la forma en que EE. UU. se acerca a China. Incluso el Gobierno de Biden mantuvo los aranceles de Trump sobre los productos chinos y añadió otros nuevos dirigidos a los vehículos eléctricos y los semiconductores. Con el apoyo bipartidista para posturas firmes sobre China, parece probable que Trump impulse esto aún más si es reelegido.
Mientras que algunos han especulado que las propuestas arancelarias de Trump son una herramienta de negociación para asegurar barreras comerciales más bajas para los productos estadounidenses, este no parece ser el caso con China. Según Peter Navarro, exasesor económico de Trump, y posible figura clave en su futura administración, las nuevas negociaciones con China se consideran «infructuosas y peligrosas.» En su lugar, el enfoque parece estar en aumentar la presión.
Una gran incógnita es la propuesta de Trump de aranceles uniformes, una tarifa plana sobre todas las importaciones. Trump podría ver un arancel general del 10% como una forma directa de elevar las barreras comerciales y apoyar a las industrias nacionales. Sin embargo, las ideas de Navarro y Robert Lighthizer, exrepresentante de comercio de EE. UU. de Trump, sugieren que los aranceles universales podrían formar parte de una estrategia más amplia para negociar barreras comerciales más bajas a nivel mundial.
Bajo este enfoque, Estados Unidos no impondría necesariamente una tarifa plana de inmediato. En su lugar, los aranceles podrían ajustarse a las barreras comerciales impuestas por otros países. Por ejemplo, si un país impone aranceles elevados a los productos estadounidenses, EE. UU. podría responder aumentando sus aranceles a las importaciones de ese país para animarlo a bajar los suyos.
Esta idea, aunque parece justa, conlleva sus propios retos. Los países imponen aranceles por diversas razones, a menudo vinculadas a sus prioridades económicas. Por ejemplo, Colombia impone aranceles elevados al café para proteger a sus productores nacionales. Si EE. UU. aplicara los mismos aranceles que Colombia, supondría una carga innecesaria, ya que EE. UU. no produce café. Esta política podría perjudicar a los consumidores estadounidenses más que ayudarlos.
Además, si Estados Unidos adopta este enfoque, otros países podrían tomar represalias. Podrían elevar sus aranceles hasta los niveles máximos permitidos por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la consiguiente escalada de las tensiones comerciales. Por otra parte, Estados Unidos podría saltarse por completo las normas de la OMC e imponer aranceles a estas tasas máximos, lo que podría provocar nuevas represalias y s ocavar los acuerdos comerciales mundiales.
La logística de la aplicación de aranceles universales es desalentadora. El comercio estadounidense afecta a miles de productos procedentes de más de 200 países, regiones y territorios. Si los países se resisten a reducir sus barreras comerciales, renegociar los aranceles producto por producto y país por país podría convertirse en un proceso largo y complejo.
Además, hay pocos precedentes legales para imponer aranceles generales. Las anteriores leyes comerciales estadounidenses, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las Secciones 232 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, no se han utilizado para justificar aranceles universales. Cualquier intento de hacerlo daría lugar probablemente a impugnaciones legales. Incluso los intentos de conceder una mayor autoridad arancelaria al presidente, como la propuesta de Ley de Comercio Recíproco de EE. UU., se enfrentan a importantes obstáculos políticos. Por ejemplo, los legisladores republicanos que representan a distritos impulsados por las exportaciones pueden oponerse a estas medidas debido a su posible impacto económico.
Como dice Alan Wolff, antiguo director adjunto de la OMC, «Estamos en ese momento de la vida del comercio internacional en el que la extraña incredulidad está quizá a la orden del día». En otras palabras, el entorno comercial mundial ya es complejo e impredecible, y medidas audaces como los aranceles universales podrían añadir aún más incertidumbre.
De esta manera, las políticas arancelarias de Trump – en particular sus ideas sobre aranceles universales – son ambiciosas pero polémicas. Aunque pueden servir como herramienta de negociación para impulsar prácticas comerciales más justas, el potencial de consecuencias imprevistas es significativo. Las industrias que dependen de las cadenas de suministro internacionales, desde la tecnología a la construcción, podrían enfrentarse a graves problemas. Al mismo tiempo, los obstáculos jurídicos y políticos podrían dificultar la aplicación de estas políticas. El debate sobre los aranceles pone de relieve la complejidad de equilibrar las prioridades nacionales con las relaciones internacionales.
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